Aprender la Lección

Columna Rotafolio
Por Javier Corral Jurado
Chihuahua, México

La vida nos presenta a lo largo de nuestra historia personal dos o tres momentos esenciales para trazar inequívocamente nuestra identidad; hay quienes piensan que pueden ser un poco más esas oportunidades, pero no muchas. Circunstancias en las que se pone a prueba decir con toda claridad quiénes somos y que no somos, por qué luchamos en la vida y hasta donde podemos llegar, o en palabras del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano: de qué están hechas las personas. Dejarlas pasar, o resolverlas de manera contraria a la íntima convicción, genera un profundo naufragio en el que se pierde la esencia personal.

Como ningún otro asunto en la última década, la Ley Televisa puso a prueba de ese temple a muchas personas, sectores e instituciones públicas. Fue una especie de referente para saber dónde andamos como sociedad; mostró un inventario de los activos con los que contamos en las diversas áreas de nuestra vida política, económica, social y cultural, pero también se convirtió en un mirador doloroso del largo camino que aun queda por recorrer en varios frentes, sobre todo en el de la política gubernamental y en el de la comunicación electrónica, para merecernos el título de Nación plenamente democrática.

De ahí que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Televisa, sea una bocanada de aire fresco en la esperanza que tenemos los ciudadanos de que las instituciones funcionen, y que los hombres y las mujeres que integran los órganos del Estado se comporten leales a su dignidad y responsables en el ejercicio de sus deberes legales y constitucionales. Por eso hay un grato sabor de boca de mucha gente y la conciencia de que por lo menos un poder del Estado, no ha cedido al chantaje ni a la intimidación de uno de los poderes fácticos que se ha vuelto contra la democracia, como es el de las televisoras; una Corte que ha tenido el patriotismo y el valor necesario para ver el interés público por sobre cualquier interés partícular o de grupo. Por eso la gente está contenta y de muchas partes del país nos llegan mensajes de satisfacción, de entusiasmo, de confianza en que otro México es posible.

La batalla contra la Ley Televisa, logró muchos más frutos de los que resultan con la declaración de inconstitucionalidad de sus principales artículos, consistente en la expulsión de esas normas del orden jurídico mexicano; de manera fundamental, la Corte le resarció patrimonialmente al Estado cerca de 25 mil millones de pesos, al recuperar su potestad sobre el uso de miles de mehagertz en el espectro radioeléctrico que pretendían ser utilizados por los concesionarios de la Televisión para incrementar sus negocios a los servicios adicionales de Telecomunicaciones.

La resolución de los Ministros de nuestro Tribunal constitucional no sólo vuelve inoperantes e inútiles los propósitos principales de asegurarse larga vida en el dominio sobre las concesiones de las empresas de Televisión, sino que da pie a una nueva legislación de la radio y la televisión, si en efecto también hay Congreso y Ejecutivo que aquilaten la responsabilidad que les ha sido evidenciada en el debate constitucional. De la acción de inconstitucionalidad la Corte nos concedió la razón en 14 de los 21 conceptos de invalidez, en los que impugnamos 11 artículos permanentes y tres transitorios, de un total de 28 artículos que comprendieron las reformas. De los 11 artículos impugnados los Ministros invalidaron totalmente dos, y en seis más declararon nulas varias porciones normativas; y en uno de los transitorios se concedió la razón a los actores. Las nulidades declaradas por la Corte, fueron los artículos clave, por lo que es absolutamente correcto señalar que se trata de un desfondamiento de las intenciones de sus verdaderos autores.

Hay que recordar que aunque conocida como “Ley Televisa”, en realidad fue una operación legislativa a ciertos artículos claves, que tuvo como eje fundamental el aspecto técnico-mercantil. De la Ley Federal de Telecomunicaciones sólo modificó tres y adicionó dos, de los 74 artículos que la componen en total. De la Ley Federal de Radio y Televisión, modificó 13 artículos y adicionó 6, de los 106 que tiene en total, y generó cuatro artículos transitorios.

Además a todos nos queda claro que en esta lucha se ha ganado terreno en el compromiso de la transparencia y se sientan importantes criterios e interpretaciones constitucionales que serán referentes indiscutibles del nuevo orden jurídico mexicano.

La Corte deliberó de cara a la Nación, y en ese debate vimos a los Ministros de lo que están hechos: de carne y hueso, de sapiencia y sentido ético, de mesura y valor; no saben de todo, pero tienen método para estudiar y aprenden rápido. A ninguno lo pudieron engañar con los mitos del espectro, que son muchos más que los que la religión ha impuesto acerca del cielo. El Ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano se metió al tema digital, a la convergencia tecnológica, y en la audiencia con los expertos resultó más perito que ellos.

Un dato importantísimo queda como precedente para la administración de la justicia, “en tratándose de acciones de inconstitucionalidad”: el proyecto se puede entregar a los promoventes y a los demandados, pueden alegar en la etapa final y complementar sus argumentos sobre la validez o invalídez de las normas. No hay en este tipo de juicio, partes propiamente dichas, pues nadie reclama para sí derecho subjetivo alguno, pero los Ministros votaron por unanimidad que los que presentan la acción, así hayan perdido el carácter de senadores tienen plena legitimación activa, pues es la supremacía de la Constitución lo que está en medio. Esto rompe con el concepto tradicional de la personalidad jurídica, y se coloca como un acicate permanente frente a la pereza o la irresponsabilidad legislativa que intercambia bienes del dominio de la nación por favores de campaña electoral.

Lección de dignidad, de la que todos estamos obligados a aprender, resulta el actuar de los Ministros y la sentencia de la Corte. Regresa en muchos la esperanza y esa esperanza es una oportunidad para la clase política en su conjunto. No podemos desperdiciar la ocasión, sería un craso error desestimar el valor de lo que hemos presenciado.