IFE Y OMISIÓN LEGISLATIVA

Columna "Tras Banderas"
Por Sergio J. González Muñoz
Para La Crónica de Hoy

El pasado jueves 13 de diciembre la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció que será hasta febrero cuando se resuelva la elección del Consejero Presidente del IFE, de otros dos Consejeros Electorales nuevos y de los 6 Consejeros Electorales actuales que permanecerán en sus puestos por un tiempo más.

Hay que recordar que el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional reciente, publicado en el Diario Oficial de la Federación del martes 13 de noviembre pasado, le había impuesto el plazo de 30 días a la cámara baja para realizar esa elección.

Sin duda alguna, estamos en presencia de la omisión legislativa, figura jurídica que ha sido escasamente estudiada en nuestro país y que no ha sido expresamente legislada a nivel federal, aunque vale mencionar a las constituciones de Tlaxcala (art. 81) y Veracruz (art. 65) ya lo hacen con precisión y seriedad.

La omisión legislativa consiste en que el Congreso no ha ejercido su facultad legislativa pues no ha creado alguna ley o, habiéndola creado, lo hizo de manera deficiente. Los expertos en el tema afirman que esta figura puede presentarse como absoluta o relativa. La primera significa la ausencia total de una ley o decreto (que puede contener inclusive un nombramiento, por cierto) de emisión obligada o permitida por la Constitución. La segunda es en realidad pariente de la laguna legal, que se da cuando el legislador efectivamente legisla pero omite contemplar casos o sujetos que debería haber contemplado.

Ahora bien, la omisión legislativa per se no constituye violación constitucional; lo son sus consecuencias siempre y cuando lesionen o sean contrarias a la propia Constitución. Esto es así porque el objeto de de control no es la conducta de los legisladores y su facultad legislativa, sino sus resultados si generan condiciones de inconstitucionalidad.

Dicho de otra manera, el mero silencio o inactividad del Congreso no violan por sí mismos la Constitución pues legislar no es obligación, es una facultad que el legislador puede o no ejercer. Si legislar fuera obligación del Congreso existiría en contrapartida un derecho ciudadano a que se legislara, pero no hay tal.
En cambio, si esa inacción del legislador produce consecuencias jurídicas estamos entonces ante una fuente de probable inconstitucionalidad y sólo entonces el poder judicial puede intervenir si tiene las facultades para hacerlo, como en las constituciones locales mencionadas. En ese caso, el juez respectivo, que no puede castigar la conducta de no legislar, sino sus impactos, puede procurar con su resolución, darle eficacia plena a la norma constitucional que no la tiene.
Báez Silva, investigador de la UNAM, en un párrafo realmente premonitorio y evidentemente aplicable al caso actual, anuncia (el subrayado es mío): “Así, la omisión como fuente de inconstitucionalidad puede consistir en la abstención de emitir el decreto por medio del cual se da alguna autorización solicitada, o la no emisión de un decreto por el cual se nombre al titular de algún órgano estatal, por ejemplo….” (La Omisión Legislativa y su inconstitucionalidad en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2005).

El hoy ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, advirtió hace nueve años que sólo se puede recurrir al poder judicial para remediar omisiones relativas y no las absolutas, puesto que: “Mientras el órgano (omiso) no ejercite sus facultades, no es posible demandarle una actuación, pues ello implicaría… sustituirle… Por el contrario, cuando se estima que el órgano ha incurrido… en una omisión respecto de lo ordenado por una norma superior…, puede llevarse a cabo el control de regularidad”. (Constitución, Tribunales y Democracia, Themis, 1998).

A mayor abundamiento, apenas en octubre, la propia Suprema Corte resolvió diversos juicios presentados por pueblos indígenas que denunciaron omisión legislativa en el acceso igualitario a tener o detentar medios de comunicación. El máximo tribunal reconoció la omisión (la llamó “desobediencia constitucional de los legisladores”) pero declaró que no podía enmendarla porque violaría el principio de división de poderes y concluyeron que la Corte no puede ordenar al Congreso que legisle.

Enunciado todo lo anterior, considere la vacante que generó la renuncia del viernes 14 de Luis Carlos Ugalde a la Presidencia del IFE. Desde el punto de vista jurídico hay que preguntarnos: ¿Se trata de una consecuencia directa de la omisión legislativa de la Cámara de Diputados del jueves 13? ¿Dicha omisión es entonces susceptible de llevarse a tribunales o cuándo menos sancionable de alguna manera?
Desde el punto de vista político, me parece que lo imprevisto fue esa renuncia, que pone a la Cámara en un atolladero de percepción social y le ha dado a algunos medios, tan molestos con la reforma electoral (les quitó un negocio de 3,500 millones de dólares anuales) un nuevo pretexto para emprenderla contra los partidos que, según un servidor, pensando precisamente en una autoridad electoral reforzada, buscaron con responsabilidad evitar un desaguisado como el de 2003 que produjo precisamente el nombramiento del hoy renunciado. Por fortuna, privó la sensatez; tengo para mí que habrá sido en bien del IFE.

sergioj@gonzalezmunoz.com

Obama y Gore: Dos Visiones Diferentes

Por Rosario Green
Ciudad de México

“Para renovar el liderazgo estadounidense en el mundo debemos empezar inmediatamente a revitalizar nuestra capacidad militar”. Esta afirmación constituye el meollo de la visión hacia el futuro del senador Barack Obama, aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos, en un artículo publicado en fecha reciente por la revista Foreign Affairs.

En su argumentación, Obama se refiere extensamente a la importancia de que Estados Unidos mantenga su hegemonía bélica, otorgándole un lugar preponderante al uso de la fuerza para proteger sus intereses vitales, tanto frente a “amenazas inminentes” como frente a meras percepciones de amenaza, a manera de “prevención”.

Llegados a este punto, resulta difícil distinguir las ideas de Obama de las tesis sustentadas por el actual presidente de Estados Unidos, quien ha llevado a su país a una desastrosa aventura militar en Irak precisamente bajo el argumento de que “es mejor prevenir que lamentar”.

Si bien el joven senador señala que ante una amenaza a los intereses estadounidenses “haría todos los esfuerzos para acopiar el claro respaldo y la participación de otros países”, no alude al acatamiento de las normas del derecho internacional, y su posición no difiere de la adoptada por Bush y consagrada en la “nueva doctrina de seguridad nacional”, dada a conocer por la Casa Blanca en septiembre de 2002. Es obvio que en la perspectiva internacional de Obama el factor dominante es también la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que el grueso de sus planteamientos tiene que ver con el combate al terrorismo.

No obstante, hay un intento de equilibrar esa actitud con propuestas muy generales destinadas a contribuir a la solución de problemas tales como el cambio climático y a procurar una mejoría de las condiciones de vida de otras naciones.

Bienvenido, Santiago

Columna Rotafolio
Por Javier Corral Jurado
Chihuahua, México

Televisa ha sacado provecho del caso del chino Zhenling Ye Gon, para cobrar venganza a diversos actores que se opusieron a su ley, y defendieron el fallo de la SCJN que la invalidó en sus principales artículos. Con el tema - al que le han dado una jerarquía profusa en sus noticieros desde hace tres semanas -, pretenden incluso darle una probadita de lo que pueden desatarle al mismísimo Presidente Felipe Calderón, de quien sostienen la absurda idea de que intervino para influir en el criterio de los Ministros.

Pero al que han tomado como nuevo blanco directo de sus mensajes de advertencia es a Santiago Creel Miranda, ni más ni menos. Caso paradójico en el destino de una represalia mediática - pero también aleccionador -, pues en el inventario de las canonjías y los privilegios indebidos que hoy goza esta empresa, varias de esas decisiones tienen la rubrica del hoy coordinador de los senadores panistas. En efecto, con su aquiescencia o no, Santiago Creel contribuyó en el sexenio de Vicente Fox a que el consorcio ampliara sus negocios al campo de las apuestas remotas, extendiera por larga vida sus títulos de concesión y redujera considerablemente sus obligaciones fiscales con el Estado. En su momento le entregó incluso el CISEN, a uno de los hombres más empeñados con los abusivos propósitos de la televisora, Eduardo Medina Mora.

Emilio Azcarraga Jean está molesto con Santiago Creel, por la sencilla razón de que éste ha hecho pública su intención rectificadora en un tema en el que tanto él como Vicente Fox se equivocaron de cabo a rabo: la relación del Estado con los medios de comunicación. No sólo por la conducta circular con la que actúa Televisa, campeona para reciclar sus lealtades cada sexenio, sino, al menos en el caso de Creel, fruto de una auténtica reflexión personal que reevalúa los peligros para la democracia de un poder sin contrapesos. Por ello se ha convertido en el principal impulsor dentro del Senado de un grupo de trabajo que elabore propuestas para una nueva legislación de medios y de las telecomunicaciones.

No omito señalar que he platicado largamente con Santiago Creel sobre ese proceso, y siendo por mi parte uno de los principales críticos a varias de las medidas que prohijó en el pasado, he aceptado como válida esa rectificación. Se la hemos permitido y validado a otros, ¿por qué a él no?.

Pero Televisa le cobra caro el desamor. En una burda campaña de manipulación y distorsión informativa, que empezó de manera personal - pero con expresiones indirectas - el propio Azcarraga, la empresa endereza ataques y descalificaciones a Santiago Creel. El buscó replicar en el mismo momento y comprobó en carne propia que el tan traído y llevado derecho de réplica que consignaron en el decretazo del 10 de octubre de 2002, no sirve para maldita la cosa.

La operación de desprestigio en represalia a Creel aprovecha el asunto del Sr. Ye Gon. A partir del proceso que le permitió su naturalización, lo hacen aparecer como responsable directo de un trámite que se gestiona en número de miles al año y depende de diversas áreas, entre ellas de manera singular del CISEN, que investiga a los solicitantes. Pero en Televisa el verdadero intocable es Medina Mora.

El manejo que presenciamos el fin de semana pasado, está basado en descontextualizar sus declaraciones, distorsionar hechos y ridiculizarlo en el segmento conocido como “las mangas del chaleco”, en el que Televisa llegó bastante lejos en la edición del viernes pasado: sacó expresiones de la actriz Edith González en el programa “bailando por un sueño”, en una parodia de réplica al legislador.

López Doriga inventó el miércoles 18 de julio la versión de que Creel se deslindaba del caso y aseguró que el Senador panista “deslizó la responsabilidad a Derbez”, lo que nunca se escucha en los inserts. Luego escogieron al senador panista Federico Doring para que le diera respuesta el jueves 19 y éste se lanzó contra Creel, dio el material necesario y suficiente para el golpeteo, pues dijo: "a mi me parece muy desafortunado el intento de deslinde porque el responsable de todas las materias migratorias era el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Yo creo que citando al propio Santiago, debería asumir como hombrecito, que el encargado de la política interior y responsable de todos los actos del Instituto Nacional de Migración en el gobierno anterior fue Santiago Creel..."

Ante esta declaración , Creel se comunicó al noticiero y se mantuvo por largo tiempo en el teléfono en espera de su derecho de réplica, lo que no se le permitió, según explicó López Dóriga al día siguiente en la radio “porque es un programa que ya está hecho... estructurado, medido al segundo”. Y aseguró que Creel: “quiso entrar a fuerza en el Noticiero, en vivo, sí, autoritario que es”. Sin embargo el conductor tuvo el buen cuidado de omitir que esa noche afirmó haber buscado a Creel y no haberlo localizado. Dijo textualmente: “Esta noche busqué al senador Creel, para una reacción y no lo localicé, no lo encontré. No respondió”. Evidentemene se trataba de una mentira, pues el mismísimo Creel estaba en la línea telefónica esperando responder al momento.

Manejo pueril, sí; pero de enorme esperanza para la causa democratizadora de los medios. Bienvenido, de nuevo, Santiago.
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Aprender la Lección

Columna Rotafolio
Por Javier Corral Jurado
Chihuahua, México

La vida nos presenta a lo largo de nuestra historia personal dos o tres momentos esenciales para trazar inequívocamente nuestra identidad; hay quienes piensan que pueden ser un poco más esas oportunidades, pero no muchas. Circunstancias en las que se pone a prueba decir con toda claridad quiénes somos y que no somos, por qué luchamos en la vida y hasta donde podemos llegar, o en palabras del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano: de qué están hechas las personas. Dejarlas pasar, o resolverlas de manera contraria a la íntima convicción, genera un profundo naufragio en el que se pierde la esencia personal.

Como ningún otro asunto en la última década, la Ley Televisa puso a prueba de ese temple a muchas personas, sectores e instituciones públicas. Fue una especie de referente para saber dónde andamos como sociedad; mostró un inventario de los activos con los que contamos en las diversas áreas de nuestra vida política, económica, social y cultural, pero también se convirtió en un mirador doloroso del largo camino que aun queda por recorrer en varios frentes, sobre todo en el de la política gubernamental y en el de la comunicación electrónica, para merecernos el título de Nación plenamente democrática.

De ahí que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Televisa, sea una bocanada de aire fresco en la esperanza que tenemos los ciudadanos de que las instituciones funcionen, y que los hombres y las mujeres que integran los órganos del Estado se comporten leales a su dignidad y responsables en el ejercicio de sus deberes legales y constitucionales. Por eso hay un grato sabor de boca de mucha gente y la conciencia de que por lo menos un poder del Estado, no ha cedido al chantaje ni a la intimidación de uno de los poderes fácticos que se ha vuelto contra la democracia, como es el de las televisoras; una Corte que ha tenido el patriotismo y el valor necesario para ver el interés público por sobre cualquier interés partícular o de grupo. Por eso la gente está contenta y de muchas partes del país nos llegan mensajes de satisfacción, de entusiasmo, de confianza en que otro México es posible.

La batalla contra la Ley Televisa, logró muchos más frutos de los que resultan con la declaración de inconstitucionalidad de sus principales artículos, consistente en la expulsión de esas normas del orden jurídico mexicano; de manera fundamental, la Corte le resarció patrimonialmente al Estado cerca de 25 mil millones de pesos, al recuperar su potestad sobre el uso de miles de mehagertz en el espectro radioeléctrico que pretendían ser utilizados por los concesionarios de la Televisión para incrementar sus negocios a los servicios adicionales de Telecomunicaciones.

La resolución de los Ministros de nuestro Tribunal constitucional no sólo vuelve inoperantes e inútiles los propósitos principales de asegurarse larga vida en el dominio sobre las concesiones de las empresas de Televisión, sino que da pie a una nueva legislación de la radio y la televisión, si en efecto también hay Congreso y Ejecutivo que aquilaten la responsabilidad que les ha sido evidenciada en el debate constitucional. De la acción de inconstitucionalidad la Corte nos concedió la razón en 14 de los 21 conceptos de invalidez, en los que impugnamos 11 artículos permanentes y tres transitorios, de un total de 28 artículos que comprendieron las reformas. De los 11 artículos impugnados los Ministros invalidaron totalmente dos, y en seis más declararon nulas varias porciones normativas; y en uno de los transitorios se concedió la razón a los actores. Las nulidades declaradas por la Corte, fueron los artículos clave, por lo que es absolutamente correcto señalar que se trata de un desfondamiento de las intenciones de sus verdaderos autores.

Hay que recordar que aunque conocida como “Ley Televisa”, en realidad fue una operación legislativa a ciertos artículos claves, que tuvo como eje fundamental el aspecto técnico-mercantil. De la Ley Federal de Telecomunicaciones sólo modificó tres y adicionó dos, de los 74 artículos que la componen en total. De la Ley Federal de Radio y Televisión, modificó 13 artículos y adicionó 6, de los 106 que tiene en total, y generó cuatro artículos transitorios.

Además a todos nos queda claro que en esta lucha se ha ganado terreno en el compromiso de la transparencia y se sientan importantes criterios e interpretaciones constitucionales que serán referentes indiscutibles del nuevo orden jurídico mexicano.

La Corte deliberó de cara a la Nación, y en ese debate vimos a los Ministros de lo que están hechos: de carne y hueso, de sapiencia y sentido ético, de mesura y valor; no saben de todo, pero tienen método para estudiar y aprenden rápido. A ninguno lo pudieron engañar con los mitos del espectro, que son muchos más que los que la religión ha impuesto acerca del cielo. El Ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano se metió al tema digital, a la convergencia tecnológica, y en la audiencia con los expertos resultó más perito que ellos.

Un dato importantísimo queda como precedente para la administración de la justicia, “en tratándose de acciones de inconstitucionalidad”: el proyecto se puede entregar a los promoventes y a los demandados, pueden alegar en la etapa final y complementar sus argumentos sobre la validez o invalídez de las normas. No hay en este tipo de juicio, partes propiamente dichas, pues nadie reclama para sí derecho subjetivo alguno, pero los Ministros votaron por unanimidad que los que presentan la acción, así hayan perdido el carácter de senadores tienen plena legitimación activa, pues es la supremacía de la Constitución lo que está en medio. Esto rompe con el concepto tradicional de la personalidad jurídica, y se coloca como un acicate permanente frente a la pereza o la irresponsabilidad legislativa que intercambia bienes del dominio de la nación por favores de campaña electoral.

Lección de dignidad, de la que todos estamos obligados a aprender, resulta el actuar de los Ministros y la sentencia de la Corte. Regresa en muchos la esperanza y esa esperanza es una oportunidad para la clase política en su conjunto. No podemos desperdiciar la ocasión, sería un craso error desestimar el valor de lo que hemos presenciado.