IFE Y OMISIÓN LEGISLATIVA

Columna "Tras Banderas"
Por Sergio J. González Muñoz
Para La Crónica de Hoy

El pasado jueves 13 de diciembre la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció que será hasta febrero cuando se resuelva la elección del Consejero Presidente del IFE, de otros dos Consejeros Electorales nuevos y de los 6 Consejeros Electorales actuales que permanecerán en sus puestos por un tiempo más.

Hay que recordar que el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional reciente, publicado en el Diario Oficial de la Federación del martes 13 de noviembre pasado, le había impuesto el plazo de 30 días a la cámara baja para realizar esa elección.

Sin duda alguna, estamos en presencia de la omisión legislativa, figura jurídica que ha sido escasamente estudiada en nuestro país y que no ha sido expresamente legislada a nivel federal, aunque vale mencionar a las constituciones de Tlaxcala (art. 81) y Veracruz (art. 65) ya lo hacen con precisión y seriedad.

La omisión legislativa consiste en que el Congreso no ha ejercido su facultad legislativa pues no ha creado alguna ley o, habiéndola creado, lo hizo de manera deficiente. Los expertos en el tema afirman que esta figura puede presentarse como absoluta o relativa. La primera significa la ausencia total de una ley o decreto (que puede contener inclusive un nombramiento, por cierto) de emisión obligada o permitida por la Constitución. La segunda es en realidad pariente de la laguna legal, que se da cuando el legislador efectivamente legisla pero omite contemplar casos o sujetos que debería haber contemplado.

Ahora bien, la omisión legislativa per se no constituye violación constitucional; lo son sus consecuencias siempre y cuando lesionen o sean contrarias a la propia Constitución. Esto es así porque el objeto de de control no es la conducta de los legisladores y su facultad legislativa, sino sus resultados si generan condiciones de inconstitucionalidad.

Dicho de otra manera, el mero silencio o inactividad del Congreso no violan por sí mismos la Constitución pues legislar no es obligación, es una facultad que el legislador puede o no ejercer. Si legislar fuera obligación del Congreso existiría en contrapartida un derecho ciudadano a que se legislara, pero no hay tal.
En cambio, si esa inacción del legislador produce consecuencias jurídicas estamos entonces ante una fuente de probable inconstitucionalidad y sólo entonces el poder judicial puede intervenir si tiene las facultades para hacerlo, como en las constituciones locales mencionadas. En ese caso, el juez respectivo, que no puede castigar la conducta de no legislar, sino sus impactos, puede procurar con su resolución, darle eficacia plena a la norma constitucional que no la tiene.
Báez Silva, investigador de la UNAM, en un párrafo realmente premonitorio y evidentemente aplicable al caso actual, anuncia (el subrayado es mío): “Así, la omisión como fuente de inconstitucionalidad puede consistir en la abstención de emitir el decreto por medio del cual se da alguna autorización solicitada, o la no emisión de un decreto por el cual se nombre al titular de algún órgano estatal, por ejemplo….” (La Omisión Legislativa y su inconstitucionalidad en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2005).

El hoy ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, advirtió hace nueve años que sólo se puede recurrir al poder judicial para remediar omisiones relativas y no las absolutas, puesto que: “Mientras el órgano (omiso) no ejercite sus facultades, no es posible demandarle una actuación, pues ello implicaría… sustituirle… Por el contrario, cuando se estima que el órgano ha incurrido… en una omisión respecto de lo ordenado por una norma superior…, puede llevarse a cabo el control de regularidad”. (Constitución, Tribunales y Democracia, Themis, 1998).

A mayor abundamiento, apenas en octubre, la propia Suprema Corte resolvió diversos juicios presentados por pueblos indígenas que denunciaron omisión legislativa en el acceso igualitario a tener o detentar medios de comunicación. El máximo tribunal reconoció la omisión (la llamó “desobediencia constitucional de los legisladores”) pero declaró que no podía enmendarla porque violaría el principio de división de poderes y concluyeron que la Corte no puede ordenar al Congreso que legisle.

Enunciado todo lo anterior, considere la vacante que generó la renuncia del viernes 14 de Luis Carlos Ugalde a la Presidencia del IFE. Desde el punto de vista jurídico hay que preguntarnos: ¿Se trata de una consecuencia directa de la omisión legislativa de la Cámara de Diputados del jueves 13? ¿Dicha omisión es entonces susceptible de llevarse a tribunales o cuándo menos sancionable de alguna manera?
Desde el punto de vista político, me parece que lo imprevisto fue esa renuncia, que pone a la Cámara en un atolladero de percepción social y le ha dado a algunos medios, tan molestos con la reforma electoral (les quitó un negocio de 3,500 millones de dólares anuales) un nuevo pretexto para emprenderla contra los partidos que, según un servidor, pensando precisamente en una autoridad electoral reforzada, buscaron con responsabilidad evitar un desaguisado como el de 2003 que produjo precisamente el nombramiento del hoy renunciado. Por fortuna, privó la sensatez; tengo para mí que habrá sido en bien del IFE.

sergioj@gonzalezmunoz.com

¿Quién manda en el PRI?

Columna Perspectiva Diaria
del Centro de Investigaciones Sociales Interdisciplinarias A.C.
Ciudad de México.

HECHOS

· Senadores y diputados del PRI aceptaron debatir con el presidente Calderón el 1 de septiembre en la Cámara, pero advirtieron que el PRD no quiere. Nosotros sí queremos, pero no hay condiciones, señaló Emilio Gamboa.

· Estamos dispuestos a dialogar, pero tenemos que buscar la fórmula para que acepten los otros partidos, apuntó Manlio Fabio Beltrones. Gamboa fue categórico en cuanto a la postura del PRD: “No lo van a dejar entrar al Salón de Sesiones si su intención es debatir, van a querer que entregue su informe en un saloncito, y punto”.

REACCIONES

· La bancada del PRI en el Senado acordó participar en las negociaciones que permitan -mediante un acuerdo político- concretar un debate entre el presidente Felipe Calderón y legisladores, en tanto, los coordinadores priístas coincidieron que un diálogo podría darse después del Informe. Los senadores del tricolor, Carlos Jiménez y Jesús Murillo, dieron a conocer los primeros acuerdos de su reunión plenaria, entre ellos, que su bancada asistirá a la ceremonia del 1 de septiembre, al recinto de San Lázaro, para cumplir con lo que establece la Constitución.

· Manlio Fabio Beltrones, líder de los senadores del tricolor, reiteró su posición de que en la ceremonia se cumpla con el mandato constitucional y planteó que posteriormente, en la Glosa, se le podría invitar al Ejecutivo. "Nada me daría más gusto que verlo debatiendo con los legisladores en la Glosa, en lugar de que envíe a los secretarios", añadió Beltrones.

· Emilio Gamboa, coordinador de los diputados federales del PRI, se pronunció porque el Informe se presente de manera "civilizada" y en marzo o abril se dé un intercambio de ideas con el presidente Calderón. A juicio de Gamboa, se tienen que medir las consecuencias de que el día del Informe se lleve a cabo un debate. "Sería muy bochornoso un acto como el que tuvimos el primero de diciembre pasado, donde hubo conatos de violencia", indicó.

· Jesús Ortega, líder de Nueva Izquierda y coordinador nacional del Frente Amplio Progresista, se muestra mesurado y dice a Crónica que el PRD busca “acuerdos en el Congreso Nacional”. Negó que el tema de la postura del PRD durante el Informe de gobierno de Felipe Calderón haya dividido al partido…

SIGNIFICADOS

· El formato para que el Presidente pueda tener un diálogo con los legisladores el día del informe ha provocado divisiones en uno de los partidos políticos que resulta clave para la aprobación de las propuestas legislativas. En efecto, el PRI ha entrado en una extraña situación de señales encontradas toda vez que una parte del tricolor apunta a que se abra el diálogo con el Presidente, incluso para hacer una reforma legal, empero, otra parte de ese partido, en donde se encuentran los líderes de las Cámaras priístas, se pronuncian por la inviabilidad del diálogo entre el Primer Mandatario de la Nación y los legisladores por considerarlo como un elemento negativo que causaría fricciones innecesarias, principalmente, con el PRD.

· Los coordinadores del PRI tienen razón, sin embargo, la prudencia no es el único elemento que los mueve para cuidar esta cuestión de la imagen del Presidente que ahora tanto les preocupa. El argumento principal de los tricolores estriba en que ellos son los que tienen la voluntada para abrir el diálogo, no obstante, es el PRD quien ha mantenido una cerrazón para este punto, y de ahí la postura del PRI en desistir de la idea de que exista el diálogo. Las declaraciones de los priístas llevan efecto, y están dedicadas a develar que el autor de tal postura es su malogrado candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador como una forma de restarle fuerza al de por sí dividido Partido del Sol Azteca. Por otra parte, ellos se aprestan a tomar el lugar de los moderados como lo hicieron el pasado 1 de diciembre en la toma de posesión del Presidente.

· La situación priísta se debe a que los coordinadores en el Senado y la Cámara de Diputados han tenido que salir a dar la cara por ese partido y a fijar posiciones en lugar de la presidenta del PRI. Aunque nadie se acuerda de ella, Beatriz Paredes parece haber asumido un extraño bajísimo perfil, dejando a que la dupla Beltrones-Gamboa hagan de lideres de partido. Y es que así se ha pasado el centro de mando tricolor de la dirigencia formal al Congreso, por eso es que la decisión final la tendrán también ahí en el congreso y más concretamente en manos de los coordinadores que han logrado suplir el papel de Paredes por lo menos hasta este momento, como ocurrió con las pasadas elecciones en donde la presencia de Beatriz Paredes fue prácticamente testimonial, y, en esta ocasión, la tlaxcalteca tampoco ha fijado posición alguna. Ciertamente es poco el tiempo para hacer algunas modificaciones al formato del informe, y lo que se vislumbra es otro sainete armado por el PRD, que por cierto ya adelantó, está dispuesto asumir el costo político. Y si hay algo seguro es precisamente que la actitud de ese partido tendrá un costo y probablemente muy alto.