Columna Más Análisis
Por Sergio Armando López Castillo
Chihuahua, México.
Cada cual trae su banderita, y valla que la están enarbolando con fuerza en esta recta final de la campaña electoral. Aunque ambos casos están inscritos en el marco político- partidista, es claro que no significan lo mismo en sentido estricto.
El primer asunto en aparecer de manera pública fue el recordatorio del Rastro Municipal de Chihuahua, durante la justa interna del PRI, para seleccionar a su candidato a la Alcaldía en abril de este año.
No obstante que muy pocos medios de difusión lo abordaron con claridad en ese momento, la desempolvada de la concesión de ese negocio municipal, la hizo un diario de la fronteriza Ciudad Juárez y uno que otro columnista del DF que muy discretamente lo reseñó en unas cuantas líneas.
Hoy en la campaña constitucional, desde luego que el PAN retomó el espinoso entuerto y con fotografía congelada en un video-spot de televisión, lo divulgó durante varios días, lo cual causó enojo y reacción en el PRI, y tanto el IEE como el Tribunal Estatal Electoral decidieron que saliera el anuncio del aire.
Y aunque el públicamente imputado de haber concedido la operación del Rastro TIF capitalino a uno de los hermanos Arreola Márquez (Óscar) como precandidato, así como su principal impulsor político, detrás de él, hicieron gala de sus mejores oficios para que la crítica no cundiera, hoy, a unos cuantos días de celebrarse la elección del 1 de julio, sus adversarios políticos le han continuado su profusa difusión vía correos electrónicos y volantes callejeros.
Analizando algunos documentos, que en su momento el primer señalado como responsable de haber permitido el otorgamiento de los derechos para el manejo del Rastro de Chihuahua, a los Arreola Márquez (conocidos cabezas del Cártel de Saucillo, Chih., aliado con el Cártel de Sinaloa en su momento)… firmados por el cabildo de entonces en el año 2003, pues efectivamente, no aparece la firma del señor Candidato “inculpado” en esas actas de concesión.
Sin embargo, lo que pocos creen en ese intrincado caso, es que tanto el ex gobernador Patricio Martínez García, y el mismo Alejandro Cano Ricaud, cuyos cargos de Jefe del Ejecutivo y Presidente Municipal sustituto en ese tiempo, les concedía el privilegio de manejar ciertos sistemas de inteligencia e información de primerísimo mano, no hayan conocido de la fama pública de estos hermanos saucillenses, dedicados a negocios de escasísima legalidad, por decir lo menos.
Si bien, en el aspecto estrictamente legal, todo parece indicar que ese Rastro fue autorizado en documentos, por los regidores panistas, priístas y otros, así como por el síndico de la época, cuya revisión de las propuestas de la empresa ganadora, Corrales San Ignacio, estaba en orden, el sospechosismo se asoma, al pecar de “ingenuos y desinformados (Cano y Patricio) de los antecedentes de Òscar Arreola Márquez y sus socios.
Suerte similar corre el caso del Relleno Sanitario, la empresa concesionaria para manejarlo SIRSA, y el Presidente Municipal panista, Juan Blanco Zaldívar. Y cito que es una situación parecida, porque no es igual.
Si en el Relleno Sanitario se presume quizá, la manipulación de información privilegiada para darla a SIRSA y sus apoderados legales, así como cierto favoritismo de la Alcaldía para otorgarles la licitación de la obra, sin que se siguiera un procedimiento totalmente pulcro, entonces también el Cabildo en pleno (actual) debe responder por ese caso de manera puntual y clara.
También utilizado políticamente, pero ahora en contra de Acción Nacional, el entramado del Relleno Sanitario de la ciudad, en la parte, digamos administrativa y formal, tal vez sea equivalente al del Rastro Municipal, punto de crítica con el que el PAN golpea al PRI y a Cano Ricaud. Pero los analistas serios, insisten en hacer una diferenciación concreta entre ambos exabruptos.
Unos dicen que no hay comparación, entre otorgar una concesión a miembros de un grupo identificado con el crimen organizado, como el Cártel de los Arreola, o haber cedido trabajos para el Relleno Sanitario y su operación, a una empresa chihuahuense legalmente constituida.
También señalan que políticamente, tampoco tienen comparación equivalente, ya que en el primer caso, el desprestigio y la sospecha pesa directamente en la persona del candidato a Alcalde del PRI; mientras que en el segundo análisis, las críticas y los ataques no son por responsabilidad, omisión, o imputable ingenuidad en el manejo de información del abanderado panista Carlos Borruel, que nada tiene que ver en ese lío, sino hacia el edil municipal en funciones Juan Blanco, que no está contendiendo por un espacio político en esta ocasión.
Esa percepción es clara y la gente lo nota.
